Según la legislación de EE.UU. no lo sé, pero para mi según la española si estos servicios hacen una distribución de las obras, son editores, que es la nota que distingue un servicio de otro según la Ley de Propiedad Intelectual. Que no revisen el contenido es su problema, pero no sólo hacen impresión sino que comercializan, así que son responsables frente a terceros siendo los que ponen los libros a disposición del público (no lo hace el autor). De hecho, las condiciones de Lulú, por ejemplo, recuerdan a un contrato de edición.

Otra cosa es que por contrato puedan repercutir los daños y perjuicios contra los usuarios del servicio.

No son ni editores ni impresores, son algo completamente nuevo y por tanto es necesario crear nueva legislación para reglar nuevas situaciones, no empeñarse en reutilizar la ley existente en escenarios para los que no está diseñada.

Resulta interesante que el 80% de las veces que se plantea un tema así, tiende a tener alguna relación con la cuestión de responsabilidad profesional.

La primera formulación de los derechos de autor en Occidente - el Decreto ANNA, de 1709 - otorgaba al gremio de los encuadernadores (ojo, los ENCUADERNADORES, no los impresores) el monopolio total sobre la impresión de libros, a cambio de hacer constar el nombre del autor de cada publicación y proveer a la Reina de esta información.

Aquí: http://en.wikipedia.org/wiki/Statute_of_Anne

O sea - los derechos de autor no se formulan legalmente para defender su profesión y su retribución, sino para identificar a los autores y mantenerlos responsables de sus escritos, algo que la proliferación de imprentas de entonces hacía difícil.

Creo que, de alguna manera, lo que se discute aquí es un conflicto similar.